El Congreso veta a Amaiur la información sobre los acreedores del Estado español
La mesa del Congreso ha rechazado por dos ocasiones tramitar una pregunta de Amaiur sobre los 50 principales acreedores del Estado español. Una información que busca poner nombres y apellidos al abstracto concepto de los «mercados» que justifica los recortes.
Alberto PRADILLA | MADRID/Diario Gara
La mesa del Congreso español ha rechazado en dos ocasiones tramitar una pregunta formulada por Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, en la que se interesaba por las 50 entidades que poseen un mayor nivel de deuda pública del Estado. La Cámara se escuda en el «carácter reservado» de la información solicitada y apela a la ley 44/2002 de Fomento de la Eficacia en el Sistema Financiero. Paradójicamente, los artículos que van desde el 59 al 63 de la citada normativa, que son los utilizados por el órgano rector del Congreso para vetar el requerimiento, están referidos a la Central de Información de Riesgos, un registro en el que bancos y entidades de crédito comparten información sobre sus clientes con mayor peligro de impagos. «No tiene nada que ver a no ser que el propio Estado sea quien esté emitiendo una deuda de riesgo», señaló a GARA el propio Cuadra. Tras la primera negativa, Amaiur presentó un recurso que ha sido nuevamente rechazado bajo los mismos argumentos de protección de datos.
«El objetivo es simple: continuamente escuchamos hablar sobre los mercados. Pero queremos ver quiénes son, pasar de la abstracción a lo concreto», explicó el diputado abertzale, que señaló que son estas entidades financieras quienes, por una parte «reciben ayudas del propio Estado», mientras que, por la otra, «aprietan cada vez más». En definitiva, Amaiur trata de lograr transparencia sobre una opaca cuestión que marca la agenda económica, tanto en el Estado español como en Euskal Herria. «Sabiendo quiénes son sus deudores podemos comprender las bases de la política económica», insistió.
Domicilio y características
Por este motivo, su interrogación, con ruego de respuesa por escrito, planteaba la «identificación y relación a día de hoy de las 50 mayores entidades (bancos, fondos, sociedades...) poseedores de deuda pública del Estado: letras, bonos y obliga- ciones». Además, solicitaba datos sobre el domicilio social de cada una de ellas, así como «características de cada una de las suscripciones».
