ANTE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA HAY QUE DECIR
Los fascistas del PSOE y PP, verdaderos sicarios del capitalismo al servicio de las grandes fortunas con su intento de reforma de la constitución (prostitución) española en su artículo 134 quieren dar un golpe más duro todavía a los derechos de la clase trabajadora.
La máxima neoliberal del “Déficit 0″, acuñada en tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher e impulsada ahora por los Gobiernos de derechas de Nicolas Sarkozy y Angela Merkel va a ser aplicada por el PSOE y el PP.
La reforma impulsada por el PSOE y el PP significa la imposición constitucional del modelo neoliberal presupuestario, condicionando totalmente las políticas publicas de las instituciones autonómicas.
La reforma tendrá un efecto futuro totalmente negativo sobre las políticas sociales, sobre las pensiones, etc. Con esta reforma, el PSOE y el PP pretenden liquidar el llamado Estado del Bienestar, situando la carga y responsabilidad de la crisis económica sobre la clase trabajadora.
No podemos seguir en un marco español que niega nuestras libertades nacionales, niega nuestra soberanía legitima y, ahora, consagrando el modelo capitalista al que apela la Constitución española, nos impone una medida en torno al déficit publico que asienta las tesis neoliberales y se configura como la llave para una reducción a gran escala del ya golpeado Estado Social para beneficio únicamente de intereses económicos privados.
Canarias necesita un status de soberanía política y económica total, necesitamos la independencia y el socialismo para articular un ámbito canario en términos políticos, económicos, sociales y culturales. La economía canaria en manos de la clase trabajadora tendría, mediante la socialización progresiva de todos los sectores productivos ahora en manos de la burguesía canaria, y foránea (española, europea y norteamericana) al servicio de los mercados, las condiciones suficientes para abordar políticas que garanticen un modelo social de reparto justo de la riqueza. Nuestro futuro no puede seguir condicionado por un Estado español que arrastra una crisis sistémica agudizada por la situación de quiebra económica provocada por burbujas inmobiliarias, modelo de crecimiento, corrupción, etc.
Cada vez está más claro quién escribe el guión, el FMI, la UE y el BCE; quien dirige la trama, la gran banca y las multinacionales europeas, españolas y norteamericanas; y quienes son sus ejecutores, el Gobierno PSOE, el PP, CIU, PNV y CC. Y está en manos de la clase trabajadora canaria cambiar este estado de cosas.
La limitación constitucional de la ampliación del déficit público no es una simple herramienta técnica para garantizar el equilibrio presupuestario. Será una herramienta ideológica con el máximo rango jurídico para poder justificar los recortes en la protección social de las clases populares y profundizar la vulnerabilidad de la clase asalariada frente a sus empresarios. Asimismo, como golpe de estado neoliberal de las fracciones financieras, consagra la “prioridad absoluta” para el pago de los intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias.
El objetivo del capitalismo es la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa del sector público, el ensanchamiento de los márgenes de ganancia vía recortes sociales y desregulación laboral creando una fuerza laboral desprotegida ante sus condiciones de explotación. El famoso Consenso de Washington rebautizado ahora como el Consenso de Bruselas marca desde hace años la agenda del programa capitalista de la Unión Europea: equilibrio presupuestario; reorientación del gasto público; reducción de los gastos sociales; reforma impositiva favorable al capital; liberalización de los tipos de interés; liberalización del comercio exterior; apertura a la inversión extranjera directa; privatizaciones y desregulación del mercado de trabajo.
Hasta ahora los ingresos en las arcas públicas están cayendo por varias vías, algunas perfectamente planificadas y otras como resultado de la estafa económica actual por parte de las grandes fortunas. La política fiscal de todos los gobiernos,la que define los ingresos del Estado, ha ido dirigida desde la mal llamada Transición y sin excepción alguna, a reducir los impuestos del capital y a incrementar los de la clase obrera:
· Desde 1988 se vienen aprobando sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta cada vez más regresivas: pagan más lo que menos tienen.
· Desde 2007 las rentas del capital y las del trabajo tributan a tipos diferentes, mucho más altos para las del trabajo.
· Desde 1991 se va reduciendo el Impuesto de Sociedades (sobre beneficios empresariales); la última reducción se hizo en 2008: del 35 al 30%. El escándalo más grande es el de las SICAV, utilizadas por las grandes fortunas, que tributan al 1%.
· El Impuesto sobre el Patrimonio se eliminó totalmente en 2008.
· El Impuesto sobre Sucesiones (sobre la herencia), incomprensiblemente transferido a las CC.AA, va disminuyendo progresivamente y ha sido eliminado totalmente en Cataluña, Madrid, País Valenciano y Canarias.
A este marco legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB menos). A ello hay que sumar la cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno a disposición de la gran banca y que equivale a tres veces el gasto sanitario total.Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a arrasar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25 millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno.
Independencia y socialismo es la única solución para Canarias, pues sólo teniendo ambas, tendremos la posibilidad en nuestras manos de la sociedad que queremos construir y podremos poner los recursos de los sectores socialializados a disposición de la clase trabajadora para conseguir nuestra liberación nacional y social definitiva. Así podremos poner en práctica la soberanía alimentaria mediante la reforma agraria, disponer de una sanidad y educación adecuada y disponer de sectores productivos propios en los ámbitos industrial, energético y de telecomunicaciones, que permitan un justo reparto de la riqueza.
La máxima neoliberal del “Déficit 0″, acuñada en tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher e impulsada ahora por los Gobiernos de derechas de Nicolas Sarkozy y Angela Merkel va a ser aplicada por el PSOE y el PP.
La reforma impulsada por el PSOE y el PP significa la imposición constitucional del modelo neoliberal presupuestario, condicionando totalmente las políticas publicas de las instituciones autonómicas.
La reforma tendrá un efecto futuro totalmente negativo sobre las políticas sociales, sobre las pensiones, etc. Con esta reforma, el PSOE y el PP pretenden liquidar el llamado Estado del Bienestar, situando la carga y responsabilidad de la crisis económica sobre la clase trabajadora.
No podemos seguir en un marco español que niega nuestras libertades nacionales, niega nuestra soberanía legitima y, ahora, consagrando el modelo capitalista al que apela la Constitución española, nos impone una medida en torno al déficit publico que asienta las tesis neoliberales y se configura como la llave para una reducción a gran escala del ya golpeado Estado Social para beneficio únicamente de intereses económicos privados.
Canarias necesita un status de soberanía política y económica total, necesitamos la independencia y el socialismo para articular un ámbito canario en términos políticos, económicos, sociales y culturales. La economía canaria en manos de la clase trabajadora tendría, mediante la socialización progresiva de todos los sectores productivos ahora en manos de la burguesía canaria, y foránea (española, europea y norteamericana) al servicio de los mercados, las condiciones suficientes para abordar políticas que garanticen un modelo social de reparto justo de la riqueza. Nuestro futuro no puede seguir condicionado por un Estado español que arrastra una crisis sistémica agudizada por la situación de quiebra económica provocada por burbujas inmobiliarias, modelo de crecimiento, corrupción, etc.
Cada vez está más claro quién escribe el guión, el FMI, la UE y el BCE; quien dirige la trama, la gran banca y las multinacionales europeas, españolas y norteamericanas; y quienes son sus ejecutores, el Gobierno PSOE, el PP, CIU, PNV y CC. Y está en manos de la clase trabajadora canaria cambiar este estado de cosas.
La limitación constitucional de la ampliación del déficit público no es una simple herramienta técnica para garantizar el equilibrio presupuestario. Será una herramienta ideológica con el máximo rango jurídico para poder justificar los recortes en la protección social de las clases populares y profundizar la vulnerabilidad de la clase asalariada frente a sus empresarios. Asimismo, como golpe de estado neoliberal de las fracciones financieras, consagra la “prioridad absoluta” para el pago de los intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias.
El objetivo del capitalismo es la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa del sector público, el ensanchamiento de los márgenes de ganancia vía recortes sociales y desregulación laboral creando una fuerza laboral desprotegida ante sus condiciones de explotación. El famoso Consenso de Washington rebautizado ahora como el Consenso de Bruselas marca desde hace años la agenda del programa capitalista de la Unión Europea: equilibrio presupuestario; reorientación del gasto público; reducción de los gastos sociales; reforma impositiva favorable al capital; liberalización de los tipos de interés; liberalización del comercio exterior; apertura a la inversión extranjera directa; privatizaciones y desregulación del mercado de trabajo.
Hasta ahora los ingresos en las arcas públicas están cayendo por varias vías, algunas perfectamente planificadas y otras como resultado de la estafa económica actual por parte de las grandes fortunas. La política fiscal de todos los gobiernos,la que define los ingresos del Estado, ha ido dirigida desde la mal llamada Transición y sin excepción alguna, a reducir los impuestos del capital y a incrementar los de la clase obrera:
· Desde 1988 se vienen aprobando sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta cada vez más regresivas: pagan más lo que menos tienen.
· Desde 2007 las rentas del capital y las del trabajo tributan a tipos diferentes, mucho más altos para las del trabajo.
· Desde 1991 se va reduciendo el Impuesto de Sociedades (sobre beneficios empresariales); la última reducción se hizo en 2008: del 35 al 30%. El escándalo más grande es el de las SICAV, utilizadas por las grandes fortunas, que tributan al 1%.
· El Impuesto sobre el Patrimonio se eliminó totalmente en 2008.
· El Impuesto sobre Sucesiones (sobre la herencia), incomprensiblemente transferido a las CC.AA, va disminuyendo progresivamente y ha sido eliminado totalmente en Cataluña, Madrid, País Valenciano y Canarias.
A este marco legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB menos). A ello hay que sumar la cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno a disposición de la gran banca y que equivale a tres veces el gasto sanitario total.Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a arrasar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25 millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno.
Independencia y socialismo es la única solución para Canarias, pues sólo teniendo ambas, tendremos la posibilidad en nuestras manos de la sociedad que queremos construir y podremos poner los recursos de los sectores socialializados a disposición de la clase trabajadora para conseguir nuestra liberación nacional y social definitiva. Así podremos poner en práctica la soberanía alimentaria mediante la reforma agraria, disponer de una sanidad y educación adecuada y disponer de sectores productivos propios en los ámbitos industrial, energético y de telecomunicaciones, que permitan un justo reparto de la riqueza.
