Vivimos en un país embargado y sin soberanía política ni económica.
Una sociedad inerme que observa estupefacta cómo los
representantes públicos, postrados de rodillas, nos entregan con armas y bagaje
al comando de los especuladores internacionales. Patética imagen la de un
Ministro de Economía y un Presidente del Gobierno, farfullando respuestas
mentirosas para negar el penúltimo capítulo de la intervención.
La troika que domina este país, el BCE, el FMI y la Comisión de la UE,
adalides de las doctrinas neoliberales, impusieron las reformas que inició el
Gobierno del PSOE en sus dos últimos años. Los mismos que impusieron la reforma
de la Constitución en pleno verano, sin referéndum alguno. Son los mismos que
han impuesto presidentes en Grecia o en Italia. Los que han dictado las órdenes
al Gobierno del PP para que se reformen las pensiones, la fiscalidad, el sistema
bancario, la reforma laboral, los recortes en sanidad, educación y servicios
sociales, los despidos de miles de funcionarios, antes en Grecia y Portugal,
ahora en el Estado Español. Los mismos que están revisando las cuentas de los
bancos españoles son los que defienden el libre mercado, que sean las leyes de
la oferta y la demanda las que regulen la economía, la no intervención de los
Estados en los asuntos económicos y financieros, y sin embargo luego son los que
revisan, controlan, supervisan, vetan y toman decisiones dentro de cada Estado
soberano al que han decidido intervenir para preservar sus intereses de clase
dominante. Jamás los sistemas democráticos habían llegado a tal situación de
cautividad.
Recortar, reformar y rescatar son los tres verbos más conjugados en los
últimos meses. Y forman parte del dogma neoliberal que nuestros gobernantes
cumplen a pie juntillas, y, además nos quieren hacer creer a la población que
debemos confiar en ellos porque “el Gobierno sabe lo que hace”, y cínicamente
añaden que todo lo hecho y por hacer se hace por nuestro bien y tiene un
carácter irremediable. Esperan de nosotros la aceptación resignada de todas las
agresiones. Y en algunos sectores lo están consiguiendo. De momento nos van
ganando la partida.
Los mismos que han hecho crecer la deuda pública por la subida de intereses,
fundamentalmente dirigidos a financiar la mayoritaria deuda privada, son los que
deciden “rescatarnos”, es decir crear una garantía financiera de que van a
cobrar el dinero que se les debe, a costa de imponer condiciones al conjunto de
la sociedad a través de nuestros obedientes gobernantes, quienes además
pretenden engañarnos diciéndonos que estas medidas sólo van a afectar a los
bancos. Nos afectan al conjunto de la ciudadanía y repercuten directamente en la
pérdida de derechos y libertades conquistados.
Aún está sin aprobarse definitivamente la Reforma Laboral, que con toda
seguridad será nuevamente enmendada en los próximos días para facilitar y
endurecer aún más si cabe las condiciones del despido y abaratar las
prestaciones por desempleo. Esta es una de las condiciones puestas por los
especuladores, que defienden sus intereses de clase dominante a costa de la
pérdida de derechos y libertades del conjunto de la clase trabajadora.
Pero no están contentos con esto solamente. Veremos en las próximas fechas
cómo se anticipa del 2023 a los próximos meses la prolongación de la edad de
jubilación a los 67 años (o más). Y cómo recortarán las pensiones de las
personas jubiladas de forma directa o indirecta, como ya lo han hecho en el
presente ejercicio.
Asistiremos en próximas fechas, cualquiera de estos viernes funestos, al
anuncio de nuevas subidas de impuestos, que van a contribuir a reducir aún más
el poder adquisitivo del conjunto de la población, a la que hay que seguir
empobreciendo, para que unos pocos sigan acumulando riquezas. Y a esos no se les
va a tocar, como tampoco se va a perseguir el fraude fiscal, antes al contrario
se conceden amnistías fiscales para los defraudadores. Las pequeñas y medianas
empresas que aún sobreviven, junto con el sector de restaurantes y hostelería en
general, aún en temporada alta, probablemente serán fuentes de destrucción de
empleo, si la prevista subida de IVA/IGIC ocurriera. Y esto no es un juego
adivinatorio. Es la consecuencia de darle cumplimiento a las exigencias de
quienes de verdad mandan en nuestras sociedades.
Se calculan en decenas de miles los despidos en los próximos meses en la
función pública. Lo único que han hecho recientemente en el Senado es ordenar a
quién despiden primero o después dentro de interinos y personal laboral. Los
despidos en Sanidad y Educación, así como también en el resto de las
administraciones públicas, tienen un objetivo: deteriorar el sistema público
para favorecer el paso posterior a manos privadas, que también forma parte de
las exigencias de los especuladores. Y de esta amenaza ya no se salva ni el
funcionariado de carrera, como ha ocurrido en Irlanda, Grecia y Portugal. Todo
lo público está siendo objeto de mercantilización.
Pero las medidas que nos va desgranando el Gobierno del PP también avanzan en
otras concreciones: la subida de tasas universitarias que junto a la caída de
becas impedirá a muchos jóvenes comenzar o continuar sus carreras universitarias
, los repagos en la sanidad y en otros servicios públicos que conducirán a que
las clases privilegiadas tengan acceso a los mejores servicios y el conjunto de
la población sea reducido a la atención asistencial propia de hace más de medio
siglo, o el aumento de peajes que siguen profundizando en la privatización de
nuestras vías de comunicación y transporte, o las crecientes privatizaciones de
todo lo público que sea rentable…
Soy optimista en que vamos a seguir resistiéndonos, movilizándonos,
oponiéndonos a que el miedo y la resignación se adueñen de todos nosotros. No
vamos a claudicar. Tenemos una responsabilidad generacional: no podemos permitir
que nuestros descendientes vivan en peores condiciones que sus progenitores. De
nosotros depende que eso no sea así.
