domingo, 24 de noviembre de 2013

La sospecha
Alicia Mujica Dorta *
Tu destino está en los demás // tu futuro es tu propia vida // tu dignidad es la de todos (José Agustín Goytisolo)
Ministerio del Interior ha aplazado la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que estaba prevista para hoy día 22 de noviembre de 2013.
El anterior ejemplo de este tipo de leyes lo tenemos en el texto de la Ley de la Patada en la Puerta, como se apodó la Ley de Seguridad Ciudadana de José Luis Corcuera de 1992, que permitía la invasión insólita en la intimidad bajo las meras sospechas, y convertía cínicamente el derecho a la expresión política y manifestación en una materia sancionable.
En esta ocasión, el Partido Popular, con el artificioso argumento de amparar la “seguridad ciudadana”, trata de impulsar un proyecto que plantea la posibilidad de multar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados o imponer hasta 30.000 euros a quien insulte a un policía. La norma pretende llegar al Parlamento antes de año, y esta vez no van a poder ir por la vía del Decreto Ley, porque enfrentan derechos fundamentales de primer orden, que afectan principalmente al régimen sancionador y a las posibilidades de intervención de la policía respecto a la ciudadanía.
Se trata de multas gubernativas, y esto significa que las instruye e impone el Ministerio de Interior a través de las Delegaciones de Gobierno, y por tanto la posibilidad de ser multados/as, puede tener un sinfín de razones, siempre vinculadas a que no se comparta la postura o la política educativa, financiera, fiscal, laboral del partido que se encuentre en el Gobierno. Esto implica que todos, todas podemos ser sujetos de multa en cualquier momento por simplemente salir a la calle a denunciar el grave desfalco que está sufriendo nuestra economía, aún en el marco de concentraciones de tipo pacífico: el movimiento estudiantil en defensa de la escuela pública y sus recursos; los afectados por las hipotecas que cuestionan la práctica bancaria inhumana que ampara el Gobierno con su política; los trabajadores, desempleados y sindicatos en defensa del empleo, de los derechos laborales, de la sanidad pública, quienes denuncien la invasión neoliberal en el mercado laboral; los colectivos ecologistas y defensores de derechos medioambientales; plataforma de defensa de las pensiones públicas; colectivos que cuestionen la reformas penales que pretende este gobierno, entre ellas, la penalización del aborto y la afectación de los derechos sexuales y reproductivos…
Es perverso vincular la intención de este Anteproyecto al resultado de ciertas  encuestas donde se refleja que entre las principales preocupaciones ciudadanas se encuentra la “seguridad ciudadana”. No es seguridad ciudadana limitar a su antojo y conveniencia la posibilidad de denuncia pública o generar sensación de inmunidad policial. No es cierto que la población pida limitación de las libertades públicas en la exteriorización de la opinión en la calle, ni que se exija la limitación de la libertad de prensa o de expresión o comunicación en cualquier ámbito.
Una de las intenciones del Anteproyecto es paralela a la reforma pretendida del Código Penal, y trata de convertir en infracción administrativa lo que ahora es falta en el Código Penal por alteración de orden público. ¿Cuál es la diferencia? Indignante. Ahora el Ministerio de Interior quiere ser juez y parte. Cuando sucede cualquier conflicto relativo a la manera de intervención de la policía en el espacio público, y se lleva al Juzgado de Instrucción o al Juzgado de lo Penal, es una tercera persona la que juzga. Ahora sería el propio Ministerio, empleador de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el que instruya y sancione a los ciudadanos/as, en un quebranto indignante del estado de derecho y separación de poderes.
Es necesario que las organizaciones sociales de toda índole apoyen la retirada inmediata de este mal propósito legislativo, ya que están en juego las reglas fundamentales del funcionamiento democrático de este país, que hasta hace nada se mostraba orgulloso de haberse alejado de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, modificada por el régimen franquista para añadir a los homosexuales en el año 1954, que se mantuvo en vigor hasta 1970, o de  la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de corte neofascista. Estas leyes, al igual que la que se trata de aprobar en estos momentos junto a la reforma del Código Penal, pretende penar la sospecha sobre las personas, y esto quebranta cualquier regla jurídica básica de seguridad. El bien que trata de proteger es simplemente el temor de los poderes políticos y económicos a que las presiones a las que viene sometida la población, desempleo, recortes, eliminación de la clase media, limitación del acceso a la educación y a las protección de la vejez, etc., determinen una respuesta social, y la que la misma se estructure de manera insolente, inquebrantable, solidaria y eficaz, o como diría Benedetti, irreductible. Ni sospechamos la fuerza que tenemos, hombro a hombro, brazo a brazo, mano a mano.

jueves, 21 de noviembre de 2013

No a leyes franquistas



Parece ser que las organizaciones políticas canaria y no canaria se han quedado muda y no responden contundentemente a la nueva ley fascista que intenta aprobar el Gobierno Español del PP, ¿a qué esperan para sacar comunicados en contra, a que la aprueben?

CANARIAS INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO

lunes, 18 de noviembre de 2013

Reflexión obrera sobre el intelectual

http://youtu.be/gUEliU9xYHs




José Luis Valdés

Reflexión  obrera sobre el intelectual

Si interpretamos el pensamiento de Antonio Gramsci, sobre que es un intelectual orgánico desde planteamientos teórico debemos estar de acuerdo con Gramsci, ya que todos los hombres de pensamiento activo somos intelectuales. Pero, yo entiendo que una cosa es lo que escribe el camarada Gramsci como intelectual obrero marxista, otra, es la vida práctica en la actual sociedad burguesa con distinto nivel de influencia cultural en su propio  desarrollo.  Yo entiendo que en la actualidad en la  sociedad capitalista existen países y comunidades culturalmente más avanzadas que otras en cuanto a la interpretación de lo que es un intelectual. En el caso de la Europa del Norte, países escandinavos, Rusia, un intelectual tradicional en la práctica es un trabajador más productor de cultura, mientras en países de la Europa del Sur, España, Italia, Portugal, incluida Canarias y el propio Continente Americano, (fruto de la educación retrograda burguesa elitista influenciada por la iglesia católica) transmite la burguesía que intelectuales son aquellas personas académica que han pasado por la universidad y estudiado carreras, hasta tal punto, que ellos mismos, asumen estos planteamientos y roles sean burgueses como los que se autodefinen marxistas. Estos intelectuales se endiosan de tal forma que se consideran clase diferente superior al resto de los mortales. Dicha actitud en la práctica puede convertir al llamado "intelectual" en una persona intolerante, incapaz de aceptar críticas, aun peor, en el caso que estas personas ostenten cargo público, responsabilidad política o el simple hecho de ser líder dirigente de un partido político o sindicato corren el riesgo de mantener postulados autoritarios, a veces, sin ellos mismos darse cuenta de sus propias actitudes personales.




jueves, 14 de noviembre de 2013

TOD@S FUIMOS VÍCTIMAS DE FRANQUISMO


TOD@S FUIMOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 

 José Luis Valdés 

 

 Hay intelectuales y gente que entiende que un asesinato es aquel que se comete matando a una persona de un disparo, degollado, apuñalado, etc., durante un acto personal, bélico o político. 

 

 Yo entiendo que en el caso de la dictadura franquista no solo fueron asesinatos del franquismo los represaliados durante la contienda del 36 al 39, también fueron víctimas del franquismo la población que sufrimos 40 años de dictadura. Asesinados por el fascismo también fueron los hijos e hijas, madres, padres y abuelos, que murieron fruto del hambre, la miseria y la discriminación por haber tenido un familiar obrero y republicano. 

 

¿Acaso no es asesinato si a un niños le matan su padre o madre y por causa de ello mueres de hambre? ¿Solo hay que contar las víctimas directas, no las indirectas durante la guerra y la dictadura? ¿Fueron acaso daños colaterales? Es una reflexión que los intelectuales que se dedican a escribir sobre el franquismo deberían replantearse. 

 

Entiendo yo que aproximadamente unas 27.000 mil personas fueron asesinadas directa o indirectamente por los fascistas españolistas en Canarias. Me pregunto, ¿Dónde está ese llamado “parlamento canario” para reivindicar el reconocimiento de las víctimas directas e indirectas del franquismo? 

 

   

Por Una Canarias Libre y Socialista 

 

INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO